Al menos 176 menores quedaron en la orfandad luego de que sus padres murieran bajo custodia del Estado, tras haber sido detenidos durante el régimen de excepción, señala un informe de la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal, presentado este miércoles en San Salvador.

De acuerdo con la investigación titulada “El silencio no es opción”, Cristosal dice que determinó que 261 adultos y cuatro menores murieron bajo custodia estatal entre 2022 y 2024, durante los primeros dos años de vigencia del regimen de excepción de Nayib Bukele.

La entidad no gubernamental, fundada por dos obispos de la iglesia anglicana estadounidense, afirmó que “el trabajo constante de investigación y seguimiento que Cristosal ha realizado sobre el régimen de excepción y sus efectos permite demostrar que, en El Salvador, el Ejecutivo, las fuerzas armadas y de seguridad, el Poder Legislativo y el aparato de Justicia trabajan actualmente en completo acuerdo para imponer y normalizar un sistema de represión diseñado en la presidencia de la República y una política de control e intimidación social propia de gobiernos totalitarios”.

Según el estudio, el 93% de los fallecidos eran hombres jóvenes y de bajos recursos económicos que en el momento de su detención vivían en el área urbana, aunque cerca del 40% de ellos provenía originalmente de zonas rurales. Cristosal dice que según las denuncias recibidas durante los más de dos años de vigencia del régimen de excepción, la mayoría de personas detenidas así como los fallecidos en las cárceles tenían antes de su detención “oficios que generan pocos ingresos y carecían de recursos económicos para satisfacer todas sus necesidades”.

Para esta investigación, Cristosal afirma que entrevistó a víctimas y familiares de víctimas de la política de mano dura del gobierno, así como también dio seguimiento a casos, revisó documentos judiciales y estudios forenses. “El Estado se ha convertido en un aparato de captura de inocentes y/o potenciales criminales practicando detenciones arbitrarias, masivas e ilegales”, dice el informe.

El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos, amplía de 72 horas a 15 días la detención provisional y faculta al Estado a intervenir las telecomunicaciones sin previa autorización de un juez. También ha provocado miles de denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos y malos tratos al interior de las prisiones.

Cristosal señala que en los primeros dos años de implementación del régimen de excepción, ha asesorado o prestado acompañamiento legal a 1.150 personas en condición de desplazamiento interno forzado por causa de violencia, atribuida en el 36,4% de los casos a las pandillas y en el 42,7% a agentes de la Policía Nacional Civil o militares. “Desplazadas las pandillas de sus territorios de operación habituales, los cuerpos de seguridad pública se han convertido en los nuevos victimarios”, afirma. (Pag 24.)

El régimen sigue vigente

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó el martes una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, con los votos de 57 de 60 diputados.

De acuerdo con las autoridades, esta medida junto al plan de seguridad denominado “Plan Control Territorial” ha permitido alcanzar 656 días sin muertes violentas homicidios desde que Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019. Además, según declaraciones del gobierno, desde la vigencia del régimen han sido detenidas más de 80.000 personas.

Bukele dijo recientemente que el pasado junio fue el mes más seguro en la historia del país centroamericano, que alcanzó 24 días sin muertes violentas, 19 de esos de manera consecutiva.
El mandatario salvadoreño estima que este año El Salvador cerrará con una tasa de 1,8 muertes por cada 100.000 habitantes.