Los sindicalistas Saúl Méndez y Jaime Caballero del SUNTRACS, así como el dirigente indígenas Toribio García y el docente Diógenes Sánchez, están un proceso judicial por la presunta comisión del delito contra la libertad y contra el orden económico.

Dicho proceso se encuentra abierto en la Personería municipal de David, Chiriquí y guarda relación con los cierres de calle protagonizados por los opositores al contrato ley 406.

Cabe destacar que hace unos días, las autoridades de Tierras Altas, acordaron mediante un decreto municipal, prohibir los cierres de calles de manera permanente, cuando se realicen protestas pacíficas, y así evitar hechos que afecten el libre tránsito.

También el Ministerio Público, admitió una denuncia presentada por un grupo de empresarios, contra 21 personas señaladas cómo los organizadores de las protestas en Chiriquí.