El cuerpo de Brigitte García, del balneario San Vicente, en la provincia de Manabí fue hallado en su auto junto a un colaborador. El crimen ocurrió en medio del estado de excepción que rige en en el país desde enero, cuando estalló la violencia narco.

La Policía de Ecuador anunció este domingo que Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, en la provincia de Manabí, fue asesinada.

El crimen ocurrió en medio del estado de excepción que rige en Ecuador desde enero, cuando se produjo una arremetida del narcotráfico que dejó una veintena de muertos, explosiones en calles, secuestros temporales de funcionarios carcelarios y la toma armada de un canal de televisión que transmitía en vivo.

”Esta madrugada en el sector San Vicente, Manabí, se identificó en el interior de un vehículo 2 personas sin signos vitales, con heridas por impacto de arma de fuego, que corresponden a Jairo L. y Brigitte G. (alcaldesa del cantón San Vicente)”, informó la Policía a través de su cuenta de la red X.

Añadió que unidades especializadas de la institución realizan al momento investigaciones para “establecer la modalidad y móvil del hecho”.

Según informaciones de medios digitales, la otra persona encontrada sin vida corresponde a Jairo Loor, director de Comunicación del Municipio de San Vicente.

Brigitte García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y era militante del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En agosto del año pasado el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue baleado cuando salía de un encuentro con simpatizantes. Él había denunciado amenazas de parte del líder de una banda narco. Meses antes también fue asesinado a tiros el alcalde de la costera ciudad de Manta (suroeste), Agustín Intriago.

Además de los políticos, fiscales también han sido víctimas de la violencia. El caso más reciente fue el asesinato en Guayaquil de César Suárez, quien investigaba a la esposa del traficante fugado Fito.

Desde enero cuando se declaró el estado de excepción, la fuerza pública ha realizado cerca de 165.000 operativos, ha realizado más de 12.000 detenciones, abatió a 15 personas consideradas “terroristas” y ha decomisado unas 65 toneladas de droga, según un balance del Ejecutivo.

Ubicado en medio de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador se ha convertido en un centro logístico para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa.

Asociadas con carteles mexicanos y colombianos, bandas criminales ecuatorianas se disputan a muerte rutas para el tráfico y el poder en las cárceles, donde han muerto unos 460 reclusos desde 2021.

La tasa de homicidios también se disparó en el país, antes considerado una isla de paz. Entre 2018 y 2023 la tasa país de 6 al récord de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar la espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.

Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.

La espiral de violencia se desató justo después de que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su ‘Plan Fénix’, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.

El crimen de García también se dio en un momento en que el país está abocado a un proceso de votación para una consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril.

Entre los asuntos que se votarán en esa consulta se incluyen preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.