La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, aseguró en Conclusiones, de CNN, que su llamado a comparecer ante la Asamblea Nacional al mismo tiempo que Ronny Aleaga, procesado por delincuencia organizada y que se encuentra prófugo de la justicia en el marco del caso Metástasis, fue una “emboscada” con el objetivo de sacarla del caso.
El lunes, Diana Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para informar sobre casos que investiga la institución que dirige. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, convocó por videoconferencia al exasambleísta Ronny Aleaga, procesado por delincuencia organizada y que se encuentra prófugo de la Justicia en el marco del caso Metástasis, dirigido por Salazar y que investiga una trama de corrupción que salpica a jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, del Servicio Penitenciario y abogados.
Tanto Salazar como otros miembros de la comisión abandonaron la sala al considerar que lo ocurrido era totalmente inapropiado.
“Fue una emboscada. (…) Sin embargo, ellos operan así, porque es parte de las estructuras criminales actuar a la sorpresa”, dijo Salazar en Conclusiones, con Fernando del Rincón.
Salazar explicó que, dado que un fiscal solo puede tener contacto con los sujetos que investiga frente a abogados y jueces, la consecuencia sería tan grave como su expulsión del caso. “Si hubiera caído en esta emboscada tendrían que sacarme del caso por conocimiento de la causa, porque ya se mantuvo este contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación”, explicó.
Diana Salazar también se refirió al juicio político que enfrenta y aseguró que se trata de acciones sistemáticas que podrían ser consideradas obstrucción de la justicia, pues limitan la acción de la fiscal.
Desde finales de 2023, el correísmo en la Asamblea promueve un juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar por presuntas acciones y omisiones en ciertos casos penales. En estos días el trámite de juicio político se encuentra en la comisión de fiscalización de la Asamblea y la fiscal considera que es un intento para destituirla. Legisladores correístas –afines a la corriente del expresidente Rafael Correa- sostienen que la fiscal debe comparecer y rendir cuentas en la Asamblea. Han rechazado que su intención sea la de ajustar cuentas políticas con la funcionaria.
“Tienen miedo las organizaciones criminales de cómo nosotros estamos en posibilidad de probar la infiltración del narcotráfico en la política aquí en el Ecuador. Entonces hoy mismo se han sumado dos causales más o un nuevo pedido de juicio político”, aseguró Salazar.
Salazar denuncia que su vida podría correr peligro
La fiscal general de Ecuador ha denunciado en numerosas ocasiones que su vida podría correr peligro. El domingo publicó un video en YouTube en el que denunció que los asesinos del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio tenían un acuerdo para acabar también con su vida.
“Creo que es momento de que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una sola persona, éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo”, dijo Salazar en el video.
No ofreció más detalles sobre esta afirmación. En enero de este año, Salazar denunció que la misma estructura criminal que acabó con la vida de Villavicencio mantiene un plan para asesinarla.
Al respecto, la fiscal aseguró que “no le parece coincidencia” que existan esas amenazas a la vez que enfrenta un juicio político.
“Recordemos cómo cómo fue la forma violenta en que atacaban a Fernando (Villavicencio) y finalmente lo terminaron asesinando. Recordemos hace 40 años, por ejemplo, al ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara, que se enfrentó a Pablo Escobar, fue lo mismo: inventando cosas. Luego empieza el tema de persecución. Cuando no lo logran callar, finalmente terminan asesinándolo”, explicó.
Enfatizó que, en Ecuador, el Estado no protege exfuncionarios, por lo que teme un modus operandi que definió de la siguiente manera: “Le sacan del cargo (al funcionario), lo dejan desamparado y luego pueden cumplir con su cometido (el asesinato)”.