Un antiguo villancico navideño es ahora el nombre informal de los operativos de represión que despliega el Gobierno de Nicolás Maduro, y que, según analistas consultados por CNN, tiene el objetivo de amedrentar a la población para evitar manifestaciones opositoras en medio de los reclamos por los polémicos resultados de las votaciones del 28 de julio.

“Tun tun”, dijo el lunes Maduro ante el público, simulando la onomatopeya de un golpe de puerta. “¿Quién es?”, respondió la multitud, teniendo claro a qué se refería el mandatario venezolano. Algunas de las personas presentes en la tarima siguieron con los versos. “Gente de paz”. Y entonces el mandatario sustituyó el verso de la canción original —que dice “ábranos la puerta que ya es Navidad”— por “no seas llorón, vas pa’ Tocorón”.

Maduro se refería a la cárcel del centro de Venezuela que fue desalojada en septiembre y que funcionaba como el cuartel de operaciones del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que tiene presencia en países de América del Sur y de Estados Unidos. Una vez remodelada alojará a parte de los manifestantes detenidos en las protestas, informó el presidente.

“Operación Tun Tun es el nombre institucional que han asumido las fuerzas de seguridad para las detenciones arbitrarias sin base legal para la normativa venezolana”, explicó a CNN el sociólogo Rafael Uzcátegui, codirector del centro de investigación venezolano Laboratorio de Paz.

La mayoría de estas detenciones se están produciendo sin la base legal de la normativa venezolana, que requiere la condición de flagrancia o la ordenanza de un juez.

El nombre comenzó a ser utilizado en la política por el diputado chavista Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en su programa “Con el mazo dando”. Ahora pasó a ser conocido como el nombre de un operativo contra la disidencia.

Uzcátegui señaló que Cabello lo usaba en tono de humor, pero para anunciar a las personas que iban a ser detenidas, “o visitadas por el Tun tun”.

Pero si en anteriores olas represivas en Venezuela la mirada se centraba en líderes opositores, militantes o participantes de las protestas, el espectro de los últimos días alcanza con mucha más fuerza a la población en general.

Según Uzcátegui, el objetivo es evitar nuevas manifestaciones, ya que el lunes posterior a la votación —y a la proclamación del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Maduro sin publicar los resultados por centro y mesa de votación en la página web— hubo movilizaciones y cacerolazos en numerosas ciudades e incluso en municipios de tradición chavista.

“En este momento, el operativo se enfoca en primer lugar en el efecto mediático. Para el Gobierno es muy importante generar una campaña para aterrorizar, porque no quiere que se repitan las protestas, que también fueron protagonizadas por sectores populares. Se usan redes sociales para anunciar a las personas que están siendo buscadas”, sostuvo el sociólogo.

Al respecto, Oscar Murillo, coordinador general de la ONG defensora de derechos humanos Provea, dijo a CNN que se están abriendo causas judiciales paralelos al estado de Derecho, con la pretensión de generar miedo y terror en la población para que no se pronuncie sobre la situación.

“Estos son castigos ejemplarizantes que están completamente al margen de la ley. Aunque no se ha decretado, lo que hemos estado viendo a partir del 29 de julio es la suspensión de facto de las garantías constitucionales”, dijo en el programa Café CNN.Ministro de Defensa de Venezuela dice que están ante un golpe de Estado 1:34

“Se arman escuadrones policiales, que también son de muy opaco comportamiento, y hay una persecución. Por eso la expresión ‘tun tun’. Llego a tu puerta, y no es cordialmente, te abro la puerta y te llevo preso. Es la extinción, la abolición del estado de Derecho en Venezuela”, agregó.

Varias de las acciones represivas son similares a las registradas durante las oleadas de 2014 y 2017, y consignadas en los informes de la Misión Internacional de Determinación de los hechos, de la ONU, como la participación de los colectivos (grupos de civiles armados), las detenciones arbitrarias y la obligación del uso de defensa legal pública.

Sin embargo, Uzcátegui indicó que han reportado otros cuatro patrones novedosos, como la detención de “fiscales y defensores públicos por no acatar órdenes ilegales que le suministran sus superiores”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la imputación de dos fiscales por retraso u omisión intencional de funciones en casos ligados a detenidos en el marco de las manifestaciones.

Los otros tres patrones identificados por Laboratorio de Paz son la anulación masiva de pasaportes, el cobro de coimas o “mordidas” por parte de las fuerzas de seguridad para evitar detenciones (que van desde los US$ 600 hasta los US$ 3.500) y el arresto de personas solo por haber compartido estados de la aplicación WhatsApp.

CNN ha solicitado a la Fiscalía General comentarios sobre esta información, hasta ahora sin respuesta.

“Hay un incremento de las modalidades represivas, que se han vuelto masivas”, expresó. También destacó que la quita de pasaportes, una metodología que no fue mencionada previamente en los reportes de la ONU, también va en línea con la búsqueda de un efecto inhibitorio.

El fiscal Saab ha dicho que a todas las personas arrestadas se le están respetados sus derechos y la presunción de inocencia y ha prometido que se seguirá el debido proceso. En su último reporte, el fiscal general dijo que había al menos 1.062 detenidos desde el 29 de julio —una cifra menor a los 1.152 privados de libertad identificados por la ONG Foro Penal—, pero el martes Maduro dijo que eran 2.229, los calificó de terroristas y afirmó tener pruebas.

Uzcátegui apuntó que el Gobierno enfrenta limitaciones económicas para mantener una persecución generalizada, por lo que estaría buscando desarticular desde el miedo los intentos de protesta.

“El Gobierno quiere que no se ocupe el espacio público y que no circule ningún tipo de mensaje en redes. Es un terrorismo mediático por parte de las autoridades para paralizar a la población, atemorizarla”, señaló. “Incrementa la sensación de indefensión, pocos quieren opinar político, el temor es generalizado”, agregó.

“Se arman escuadrones policiales, que también son de muy opaco comportamiento, y hay una persecución. Por eso la expresión ‘tun tun’. Llego a tu puerta, y no es cordialmente, te abro la puerta y te llevo preso. Es la extinción, la abolición del estado de Derecho en Venezuela”, agregó.

Varias de las acciones represivas son similares a las registradas durante las oleadas de 2014 y 2017, y consignadas en los informes de la Misión Internacional de Determinación de los hechos, de la ONU, como la participación de los colectivos (grupos de civiles armados), las detenciones arbitrarias y la obligación del uso de defensa legal pública.

Sin embargo, Uzcátegui indicó que han reportado otros cuatro patrones novedosos, como la detención de “fiscales y defensores públicos por no acatar órdenes ilegales que le suministran sus superiores”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la imputación de dos fiscales por retraso u omisión intencional de funciones en casos ligados a detenidos en el marco de las manifestaciones.

Los otros tres patrones identificados por Laboratorio de Paz son la anulación masiva de pasaportes, el cobro de coimas o “mordidas” por parte de las fuerzas de seguridad para evitar detenciones (que van desde los US$ 600 hasta los US$ 3.500) y el arresto de personas solo por haber compartido estados de la aplicación WhatsApp.

CNN ha solicitado a la Fiscalía General comentarios sobre esta información, hasta ahora sin respuesta.

“Hay un incremento de las modalidades represivas, que se han vuelto masivas”, expresó. También destacó que la quita de pasaportes, una metodología que no fue mencionada previamente en los reportes de la ONU, también va en línea con la búsqueda de un efecto inhibitorio.

El fiscal Saab ha dicho que a todas las personas arrestadas se le están respetados sus derechos y la presunción de inocencia y ha prometido que se seguirá el debido proceso. En su último reporte, el fiscal general dijo que había al menos 1.062 detenidos desde el 29 de julio —una cifra menor a los 1.152 privados de libertad identificados por la ONG Foro Penal—, pero el martes Maduro dijo que eran 2.229, los calificó de terroristas y afirmó tener pruebas.

Uzcátegui apuntó que el Gobierno enfrenta limitaciones económicas para mantener una persecución generalizada, por lo que estaría buscando desarticular desde el miedo los intentos de protesta.

“El Gobierno quiere que no se ocupe el espacio público y que no circule ningún tipo de mensaje en redes. Es un terrorismo mediático por parte de las autoridades para paralizar a la población, atemorizarla”, señaló. “Incrementa la sensación de indefensión, pocos quieren opinar político, el temor es generalizado”, agregó.