Con el apoyo unánime de los 40 diputados presentes durante la votación, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este miércoles, en segundo debate, un proyecto de ley denominado “acogimiento prenatal”, que les permite a las mujeres embarazadas solicitar y tramitar la adopción del bebé antes de su nacimiento.

La iniciativa establece en el artículo 1 que “toda mujer gestante, de cuyo proyecto de vida no forme parte asumir el cuido del ser en gestación, una vez se verifique el nacimiento tiene derecho a formular la solicitud de acogimiento prenatal ante los servicios de salud públicos o privados. Esta manifestación podrá hacerla también ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”.

Según el mismo artículo, la mujer debe expresar en la solicitud los motivos de su decisión, si hay familiares dispuestos a asumir al menor de edad, y si aprueba que sus familiares o las personas que el PANI seleccionó y expresaron su interés en adoptar, estén en el parto, salvo recomendación médica.

Para la diputada que presentó la iniciativa, Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), el proyecto busca impedir “que los bebés sean abandonados, el infanticidio o que las mujeres ante embarazos no deseados prescindan de los servicios de atención prenatal o que den a luz en circunstancias clandestinas e insalubres”.

Obando asegura que, según el procedimiento que establece esta ley, las personas que se constituyan en recursos familiares de abrigo, cuido o adopción deben estar previamente acreditadas por el PANI tras un proceso riguroso. La legisladora agregó que en la actualidad, la legislación costarricense no contempla el inicio de los trámites de adopción antes del nacimiento.

La iniciativa establece que está prohibida cualquier intermediación en las solicitudes y que el PANI será la única entidad encargada de atender las gestiones. El proyecto indica que, si se detecta y comprueba una intervención ilícita, será sujeta a responsabilidad penal según lo establece el artículo 172 del Código Penal, que describe el delito de trata de personas y señala sanciones con penas de prisión de seis a 10 años.

La presidente ejecutiva del PANI, Kennly Garza, dijo a CNN que la institución participó con aportes técnicos durante el proceso de discusión y revisión del proyecto para fortalecerlo. Garza agregó que así será también en la etapa que corresponde a la reglamentación de la iniciativa para garantizar que “primen los derechos, las garantías y la tutela de todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia”.

Para que la ley entre en vigor, el presidente debe firmarla y posteriormente publicarse en el diario oficial La Gaceta.

Ante una consulta de CNN, la Oficina de Prensa del presidente Rodrigo Chaves dijo que la legislación se firmará una vez que se verifique el procedimiento de la Asamblea Legislativa y cuente con los sellos correspondientes.