La continuidad de los centros de videovigilancia en La Chorrera, Panamá Oeste, se encuentra en una situación crítica debido a deudas pendientes que amenazan la operación de estos sistemas esenciales para la seguridad ciudadana. La alcaldía local busca urgentemente soluciones en colaboración con el Ministerio de Seguridad para evitar la interrupción de este servicio vital.
Desde el año 2023, la falta de pago a la empresa encargada de la operación y mantenimiento de los centros ha puesto en peligro su funcionamiento. Durante un reciente recorrido en Panamá Oeste, Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, enfatizó la responsabilidad de las alcaldías en la sostenibilidad financiera de estos servicios. “Las alcaldías deben decidir si continuarán con el servicio de videovigilancia, ya que los fondos de descentralización están destinados principalmente a inversiones en obras y programas sociales”, afirmó Méndez, resaltando que el mantenimiento debe asumirlo quienes solicitaron los proyectos.
El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, reconoció la gravedad del problema y expresó su intención de reunirse con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para explorar soluciones conjuntas que garanticen la continuidad del servicio. Chong subrayó que los centros de videovigilancia son cruciales para la seguridad del municipio, pero lamentó que la falta de recursos ha obstaculizado los pagos a la empresa responsable.
La posible interrupción de este servicio ha generado inquietud entre los residentes de La Chorrera, quienes dependen de estas cámaras para la prevención del delito y la vigilancia en la zona. La comunidad espera que las autoridades locales y nacionales alcancen un acuerdo que asegure la sostenibilidad de los centros de videovigilancia y, por ende, la seguridad en la región.
Frente a esta situación, la alcaldía se enfrenta a un desafío monumental para mantener operativa esta tecnología esencial. La colaboración con el Ministerio de Seguridad podría ser clave para garantizar que La Chorrera continúe bajo vigilancia, asegurando así la protección de sus ciudadanos.
