Nicaragua revocó el registro de 1.500 organizaciones sin fines de lucro. Esta es la medida más reciente de una ofensiva que ya lleva años en la nación centroamericana.

Las organizaciones, que incluyen a cientos de grupos religiosos, están acusadas de no informar sus estados financieros durante un período de entre uno y 35 años, según un aviso publicado este lunes en el diario estatal, La Gaceta.

Algunas de las asociaciones que se cerraron con el anuncio eran aquellas orientadas al deporte y albergaban equipos de baloncesto, tenis y fútbol. Había grupos de salud, de derechos de la mujer, de derechos LGBTQ, asociaciones jurídicas y clubes de veteranos. Más de 400 de los grupos eran organizaciones vinculadas a la religión, la mayoría de ellas cristianas.

A principios de este mes, Nicaragua canceló el estatus legal de Cáritas de la Diócesis de Matagalpa por supuestas razones burocráticas, según Vatican News. La diócesis está dirigida por el obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del Gobierno que vive en el exilio después de ser condenado por cargos que incluyen conspiración y traición.

Las libertades civiles en Nicaragua se redujeron drásticamente bajo el liderazgo prolongado del presidente autoritario Daniel Ortega, quien reclamó un quinto mandato en 2021.

En los últimos años, su Gobierno arrestó a numerosos candidatos presidenciales de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos en virtud de una vaga ley de seguridad nacional. CNN en Español fue obligada a dejar de transmitir en Nicaragua en 2022.

En 2018, las protestas generalizadas contra el régimen también fueron respondidas con fuerza brutal: las fuerzas de seguridad nicaragüenses mataron a cientos de personas, hirieron a miles y detuvieron arbitrariamente a muchas, según Human Rights Watch. Decenas de miles de nicaragüenses hueyron del país.

En junio, Naciones Unidas expresó su “grave preocupación” por la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Al menos 35 personas fueron detenidas desde marzo como parte de una “represión del espacio cívico”, dijo Nada al-Nashif, alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.