Un tribunal de Guatemala otorgó este lunes arresto domiciliario al empresario y periodista José Rubén Zamora, condenado en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero.

El fallo señaló que Zamora deberá permanecer en su casa y podrá desplazarse libremente sin salir de la jurisdicción del departamento de Guatemala. Además, tendrá que estar bajo la vigilancia de una persona que informará al juzgado y garantizará su presencia en futuras diligencias.

Zamora también deberá, por orden del juzgado, presentarse cada 15 días en instalaciones del Ministerio Público para control biométrico, y debe pagar una caución económica equivalente a unos US$ 2.000.

Zamora era dueño de El Periódico, un diario que cerró sus operaciones el 15 de mayo de 2023.

Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de prisión por lavado de dinero y le impuso una multa de poco más de US$ 38.000 por supuestamente intentar introducir al sistema financiero una suma similar sin justificar su origen.

En aquella misma audiencia, Zamora fue absuelto de los cargos de chantaje y tráfico de influencias.

Zamora siempre ha rechazado todas las acusaciones y las consideró una represalia política.

En octubre de 2023, una Corte de Apelaciones anuló la condena y ordenó repetir el juicio, diligencia para la cual aún no hay fecha.

La defensa de Zamora explicó durante la audiencia de este lunes que él ha cumplido ya 759 días en prisión, que representan, según sus cálculos, el 70% de la condena impuesta en junio de 2023.

La Fiscalía había pedido para el editor una condena de 40 años de prisión por lavado de dinero (20 años), tráfico de influencias (12 años) y chantaje (ocho años).

A pesar de este nuevo fallo, Zamora aún no podrá salir de prisión porque enfrenta otro proceso penal por supuesta obstrucción de la Justicia, del cual se ha declarado inocente.

Este mismo tribunal ya había otorgado la libertad condicional a Zamora, pero fue revocada por una Cámara de Apelaciones en junio.

La fiscalía no llegó a la audiencia

La audiencia donde se dictó este fallo se retrasó porque los fiscales y los acusadores particulares no se presentaron, por lo que el juzgado suspendió la diligencia y les otorgó una hora para que asistieran. Una vez transcurrido ese plazo, y ante la ausencia de los representantes del Ministerio Público, la sesión del tribunal la reanudó.

Según el tribunal, el Ministerio Público envió una excusa en la que decía que era “materialmente imposible” enviar a algún fiscal, algo que el juzgado consideró que no era un argumento válido, ya que habían sido notificados con antelación.

La fiscalía no se ha pronunciado públicamente sobre su ausencia ante la diligencia ni sobre el fallo del juzgado, ni ha respondido hasta ahora a una solicitud de comentarios de CNN.