La fiscalía de Venezuela solicitó este lunes el arresto de Edmundo González Urrutia, rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio en las que el mandatario fue proclamado vencedor, entre denuncias de fraude por parte de la oposición.

El Ministerio Público de Venezuela divulgó en sus redes sociales una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la “orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia” por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.

La entidad había emitido tres citaciones para que González, de 75 años, se presentara ante la fiscalía en relación con la publicación de una página web en internet en donde los opositores reclaman la victoria de su candidato con presuntas copias de más del 80% de las actas de votación.

Esos documentos fueron desestimados por el chavismo y la corte suprema ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó vencedor a Maduro con 52% de los votos.

La última cita judicial había sido fechada para el 30 de agosto a las 10 de la mañana, cita a la cual el opositor tampoco acudió y que coincidió con un apagón en todo el país.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Penal venezolana, una persona en calidad de investigada puede ser citada hasta máximo en tres oportunidades.

El fiscal general de Venezuela, William Tarek Saab, había señalado que esta página web “ha usurpado la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano”.

Además, había advertido que en vista de la clandestinidad de González, “el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar con base en la ley”, había dicho Saab el miércoles.

Las autoridades venezolanas habían dicho que, de no comparecer, el excandidato presidencial se consideraría en “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización” de la investigación.

Sin embargo, González había anunciado que no acudiría al llamado del Ministerio Público debido a que, según él, no contaba con garantías.

El diplomático -en la clandestinidad desde el 30 de julio- argumentó que el Ministerio Público actuaba como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.

“Venezolanos, rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”, había dicho el opositor tras la segunda citación judicial.

Asimismo, la líder opositora Maria Corina Machado había asegurado que “el presidente electo” se encuentra “bajo resguardo” pues según la dirigente dijo en una rueda de prensa el pasado 29 de agosto, “el próximo paso del régimen puede ser el allanamiento de la casa” de González.

Maduro había pedido cárcel para ambos opositores.

Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

Saab ya había anunciado una investigación penal contra ambos por “instigación a la insurrección” militar, tras un llamado a los militares a reconocer la victoria de González Urrutia.

A más de un mes de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sigue sin publicar las actas y el detalle del escrutinio mesa por mesa, como ordena la ley que confirme la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.