La Corte Suprema de Justicia de Panamá avaló este viernes como constitucional, con ocho votos a favor, la candidatura del candidato José Raúl Mulino.
Mulino fue elegido candidato para sustituir al expresidente, Ricardo Martinelli cuando fue inhabilitado por una condena en su contra de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Fue designado como su reemplazo en su postulación por los partidos Realizando Metas y Alianza.
“El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, declara que el Punto Resolutivo Segundo del Acuerdo de Pleno 11-1 de 4 de marzo de 2024, dictado por el Tribunal Electoral no es inconstitucional”, publicó la Corte en X.
A partir de esta decisión, se espera que este domingo los votantes en Panamá decidan quién será el próximo presidente del país, entre ocho candidatos. El ganador gobernará desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2029.
Más de 3 millones de electores irán a las urnas a partir de las 7:00 a.m. (hora local), en una contienda que en declaraciones a CNN magistrados del Tribunal Electoral de Panamá calificaron como atípica por las diversas situaciones ocurridas durante el proceso.
Tropiezos electorales
El 23 de abril empezó la emisión del voto adelantado por correo electrónico, pero ese mismo día se alertó que el diseño de la papeleta ofrecida no tenía a los candidatos presidenciales en la misma posición que la boleta presidencial oficial, aunque mantenían el número de casilla que les corresponde.
El Tribunal Electoral, junto a los representantes de partidos políticos, decidió seguir adelante con el proceso y pedir a la Universidad Tecnológica de Panamá que certificara que cada voto emitido estuviese adjudicado al candidato que se eligió.
El magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés dijo a CNN que el voto adelantado (para residentes en el extranjero, entre otros) avanza con normalidad, pero por las dudas que causó, se decidió junto a los representantes de partidos políticos, suspender el voto electrónico el 5 de mayo, pese a que iba a haber 20 mesas habilitadas.
La decisión, según Valdés, se tomó para mantener la transparencia, eliminar causas de preocupación y contribuir a blindar el proceso.
