La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, examinó las iniciativas legislativas presentadas por los diputados, de acuerdo a su orden de llegada, en ese sentido se prohijó el anteproyecto de ley que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía.

El diputado Roberto Zuñiga, proponente de la iniciativa, manifestó que la finalidad del anteproyecto es ampliar la disposición Constitucional descrita en el artículo 304 de la nuestra Carta Magna y la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, al extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores.

De igual forma, los directores de la Autoridad Nacional de Aduana y Servicio Nacional de Migración, los jefes Diplomáticos y Consulares, los Superintendentes de Bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.

Esta modificación se sustenta en la importancia, responsabilidad e investidura de estos altos cargos, el posible acceso y manejo de fondos y recursos del Estado que estos cargos pueden tener, así como a sus posibles influencias.

Otra propuesta prohijada fue el anteproyecto de ley que crea la figura del auditor de cumplimiento normativo estatal para las entidades públicas, como garante de la transparencia institucional.

La propuesta de la diputada, Walkiria Chandler D´Orcy, establece crear esa figura dentro de cada una de las entidades gubernamentales que manejen presupuesto, con el objetivo de realizar y supervisar las auditorías e investigaciones relacionadas con la operación de la institución.

Así mismo, se prohijó el anteproyecto de ley que ordena la elaboración de textos únicos, su publicación en formato de datos abiertos y reforma la Ley 53 de 2005, cuyo proponente es el diputado Manuel Cheng, quien indicó que la finalidad es modernizar el sistema digital de la Gaceta Oficial y para estar al corriente de la tendencia mundial de datos abiertos.