Mientras las autoridades policiales venezolanas detenían a centenares de personas por participar en las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la asociación civil Espacio Público dice haber documentado al menos 16 casos de anulación de pasaportes a periodistas y activistas de Derechos Humanos.

Carlos Correa, director de esa organización, le dijo a CNN que no es una práctica nueva en Venezuela, pero afirmó que, en comparación con otro momento, hay un mayor número de denuncias, aunque aclaro que “no tiene elementos para afirmar que se trate de bloqueos masivos”.

En la mayoría de los casos, los denunciantes que se encuentran dentro de Venezuela han pedido tanto a Espacio Público como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa la reserva de su identidad para evitar consecuencias mayores.

CNN conoció los casos de anulación de pasaportes de cuatro periodistas a través de estas organizaciones, y ha hecho esfuerzos para comunicarse con las autoridades del Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (Saime) para intentar obtener más detalles, pero hasta este viernes no ha obtenido respuesta.

Denuncias dentro y fuera del país

El periodista venezolano Jefferson Díaz vive en Ecuador. Entrevistado el miércoles en el programa Conclusiones, el comunicador afirmó que su pasaporte, el de su esposa e hijos fueron anulados, pese a que les quedaba tiempo de validez.

Díaz dijo no tener una notificación formal o información sobre el motivo de esta anulación, pero cree que podría estar relacionado con su activismo en temas migratorios.

El coordinador del partido opositor Voluntad Popular en Ecuador, Luis Magallanes, también habló con CNN y envió una captura de su pasaporte recientemente emitido y que ahora aparece anulado en el portal del Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (Saime).

Magallanes dijo a CNN que en 2022 pagó US$ 200 por la emisión de un nuevo pasaporte venezolano, que tendría una duración de 10 años. “Me metí en el Saime porque la página estaba colapsada y cuando entré decía que mi pasaporte había sido anulado. Se vence en el 2032, lo saqué en el 2022, se encontraba vigente, yo siempre salgo del país a foros o a eventos para visibilizar la lucha de Venezuela”, señaló.

La semana pasada, y luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, Magallanes fue alertado para que revisara el portal y encontró que su pasaporte aparecía como anulado. No duda en afirmar que se trata de una decisión política.

“Genera preocupación y angustia porque sin duda alguna esto es una forma de retaliación política que ahora está aplicando el régimen, al igual que se lo aplica a las personas que ahora están en Venezuela agarrándole los celulares, deteniéndolos”, dice.

Magallanes dijo que estuvo tres veces preso en Venezuela y fue perseguido por su activismo político. Trabajó en el gobierno interino de Juan Guaidó y ha denunciado fraude electoral en las últimas semanas.

Desde Chile, Romer Rubio afirma que le pasó lo mismo que a Magallanes. El pasado lunes, y luego de las elecciones, fue advertido por un amigo que le sugirió revisar el estatus de su pasaporte.

“Mi pasaporte me lo emitieron el año pasado y tenía vigencia del 2023 al 2033”. Utilizó su Instagram @romerrubio para hacer la denuncia.

Romer conversó con CNN desde Chile y dijo que todavía están contando cuántas personas tienen cancelado su documento de viaje. En el caso de Chile, “las personas afectadas fueron militantes políticos activos en Venezuela”, aseguró.

Romer dijo desconocer por qué su pasaporte fue anulado, pero sí confirma que en los últimos días ha usado las redes sociales para expresarse en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro.

Entre los casos más recientes, se encuentra el del activista de derechos LGTBI, quien fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y, horas después, liberado. Se reportó que su pasaporte fue anulado.

La anulación de pasaportes es una medida que ha sido empleada entre 2016 y 2019. Políticos, periodistas, artistas y activistas en derechos humanos de Venezuela han denunciado la irregularidad.

La ONG venezolana Laboratorio de Paz también lleva un registro de denuncias similares, pero para ellos la cifra es mayor: las denuncias llegan a 25, con un perfil de similar de perjudicados.
Lexys Rondón, vocera de Laboratorio de Paz, dijo a CNN que se trata de “la puesta en práctica de un patrón que con mayor amplitud venía sucediendo”.

La ONG dice que la mayoría de los casos que han recabado vienen de personas que desde el exterior denuncian que les han cancelado los pasaportes.