Editorial

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El derecho a protestar

Todos los ciudadanos tenemos el derecho a protestar pacíficamente y de forma civilizada, cuando vemos que se asumen medidas perjudiciales en contra de las grandes mayorías.

Ese principio está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política de nuestra República.

Pero de ahí a los hechos violentos y actos de vandalismo que hemos visto, llegando a atentar contra el derecho universal de atender la salud y la alimentación de nuestra sociedad, es imperdonable.

Veamos la situación de Chiriquí y Bocas del Toro, provincias mayormente afectadas por las grandes pérdidas de toda la cosecha dañada por culpa de los cierres indiscriminados a lo largo de la interamericana.

Y qué decir del año escolar ya casi perdido pues, aunque se extienda su calendario, jamás se recupera el tiempo perdido pues el aprendizaje no será el mismo.

Ahora bien, tratemos de encontrarle un sentido lógico a las protestas que aún se mantienen, aunque ya la Corte ha dicho que emitirá su fallo sobre la inconstitucionalidad o no del contrato minero. Pero el alto nivel de desconfianza en las instituciones públicas, puede que sea la principal causa para que la ciudadanía aún se mantenga en las calles.

El nivel de corrupción y de decisiones traídas de los cabellos, hacen que seamos escépticos ante un fallo que significará un antes y un después.

También la forma taciturna del gobierno, haciendo las veces de un guiñapo que trata de defenderse con temor a recibir más castigo, es otro motivo para que la crisis producto de la frustración existente en la mente y corazón de un pueblo que ya despertó.

Nuestra verdad sin importar a quien le duela.