Este lunes, Estados Unidos llevó a cabo la confiscación del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana, en el marco de las sanciones impuestas al país sudamericano. Según fuentes oficiales, el avión fue trasladado a Florida tras su incautación.

Un funcionario estadounidense destacó que la confiscación de un avión de un jefe de Estado es un hecho sin precedentes en el ámbito penal y subrayó que se trata de un mensaje claro: “nadie está por encima de la ley ni del alcance de las sanciones estadounidenses”.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la incautación, se ha indicado que esta acción se produjo tras determinar que la adquisición del avión violaba las sanciones en vigor, junto a otras cuestiones penales. La aeronave, que se estima tiene un valor de aproximadamente 13 millones de dólares, había estado en la República Dominicana durante los últimos meses.

Los funcionarios que hablaron sobre el hecho no proporcionaron detalles sobre las circunstancias exactas de la confiscación, aunque mencionaron que surgió una “oportunidad” para llevar a cabo la operación, que involucró a varias agencias federales estadounidenses trabajando en colaboración con las autoridades dominicanas, las cuales notificaron a Venezuela sobre la incautación.

El avión, que se describe como el equivalente al Air Force One en Venezuela, había sido utilizado por Maduro en diversas visitas de Estado alrededor del mundo. Este decomiso es significativo, ya que representa una de las acciones más relevantes en la lista de confiscaciones estadounidenses de activos relacionados con el gobierno venezolano.

Esta acción de confiscación se da en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente después de que en abril se revirtieran parcialmente las sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, a raíz de acusaciones de incumplimiento electoral por parte de Maduro.

Desde las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Estados Unidos ha criticado fuertemente al gobierno de Maduro, destacando lo que considera violaciones de los estándares de transparencia y legitimidad electoral. En respuesta, el gobierno venezolano ha rechazado las críticas estadounidenses, afirmando que no tiene que dar explicaciones sobre su política interna.