El Gobierno de El Salvador movió a inicios de julio su maquinaria diplomática para prohibir la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica. El régimen del populista Nayib Bukele exigió que se suspendiera del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que denuncia las arbitrariedades cometidas por las autoridades durante más de un año de un estado de excepción impuesto por el mandatario para hacer frente a la violencia de las pandillas que desangraba al país.

Los ojos de la censura se posaron principalmente en el cuento Barberos en huelga, una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres —vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos, chóferes de transporte público— desaparecen al ser detenidos por vincularlos sin pruebas con las llamadas maras. Un recuento de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77.000 personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad, han sido denunciadas torturas y desapariciones y la censura se impone como política de Estado.

Bukele, que mantiene niveles altos de popularidad que son la envidia de otros líderes latinoamericanos, impuso desde marzo del año pasado un régimen de excepción que le ha dado luz verde para restringir los derechos constitucionaless en un país que no ha logrado cerrar aún las heridas de una guerra civil que, en la década de los ochenta, causó más de 70.000 muertos y dejó un nefasto recuerdo de abusos militares. A través del estado de excepción, las autoridades salvadoreñas han desatado una cacería que recuerda los abusos de aquella época. Miles de personas son sometidas a diario a revisiones y cateos en retenes militares establecidos en todo el país y se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes, por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes. Hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles, además de un centenar de muertos bajo custodia por maltratos de las autoridades carcelarias. La censura es ya una norma y la persecución contra voces críticas, periodistas y sindicalistas ha impuesto un estado de terror en la sociedad.

“Cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente”, afirma Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, una organización que vela por el respeto a los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Hemos encontrado en las denuncias recibidas que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía. Hay sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos y más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, explica el activista.

Este organismo hizo público a finales de mayo un informe demoledor, en el que denunciaba que al menos 153 reos murieron por torturas, golpes, estrangulación o por falta de atención médica. El organismo documenta que 75 cadáveres presentaban laceraciones y hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o señales de ahorcamiento. “Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado”, advirtió en esa ocasión Cristosal. Para reforzar su política de seguridad, Bukele ordenó la construcción de la que ha llamado la prisión más grande de América, un inmenso complejo de alta seguridad donde han sido trasladados miles de reos y que es denunciado como centro de torturas. A ese infierno carcelario se une la angustia que genera en la ciudadanía la presencia constante de militares en las calles del país.

Los militares tienen luz verde para detener autobuses y bajar a quienes consideren sospechosos, allanar casas sin órdenes judiciales, basados en denuncias anónimas, o imponer estados de sitio en zonas del país donde la población se encierra por temor a ser capturada. “De las denuncias que hemos recibido, más de 3.400, en el 98% de los casos no hay pruebas de que las personas detenidas tengan vínculos con las pandillas. El procedimiento usado para estas capturas muestra que no hay una investigación previa, ni orden de captura dictada por un juez, sino por operativos policiales y detenciones a criterio. Este nivel de arbitrariedad hace que buena parte de estas capturas no tenga sustento”, explica Abrego. El mandatario, que controla el Congreso y las cortes, ha logrado una reforma que le permite desarrollar juicios masivos, con audiencias de hasta 900 presos. “Estos juicios colectivos limitan el ejercicio de la defensa, porque hacen que los abogados tengan menos oportunidad de demostrar que su defendido es inocente”, advierte el activista.

Lo que desconcierta a los analistas es que a pesar del infierno desatado por Bukele en su guerra contra las pandillas, sus niveles de popularidad siguen siendo altos, hasta de un 90% según algunos sondeos. Esa popularidad se debe al hecho de que muchos salvadoreños se sienten seguros ahora, dado que las maras habían impuesto su ley en amplias zonas del país, donde cobraban impuesto incluso a las vendedoras callejeras de comida, el pago de una cuota para entrar o salir de un barrio o redadas violentas que dejaban decenas de muertos. El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más altas del continente.

“Hay prácticas de violaciones a derechos humanos que no veíamos desde el conflicto armado. Se está utilizando el régimen de excepción para la represión, para limitar la libertad de expresión. El Gobierno cuenta con un aparato de comunicación muy fuerte y una estrategia publicitaria muy exitosa, que genera un mensaje importante, con el que cala la idea de que la seguridad está encima de los derechos. La baja criminalidad hace que la gente se sienta aliviada”, explica Abrego. Un alivio que, sin embargo, mantiene a los salvadoreños en una tensión constante: nadie está a salvo de ser arrestado de forma arbitraria en el infierno desatado por el joven presidente Bukele en el pequeño país centroamericano.