El 3 de agosto terminó el cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que estaba en vigor desde el 3 julio de 2023. Y desde ese día se han recrudecido las acciones armadas de ese grupo ilegal.

Actualmente, el ELN realiza un paro armado en el departamento del Chocó que mantiene confinadas a unas 50.000 personas a lo largo del río Atrato, en el noroeste de Colombia. Esta acción de la guerrilla ya empieza a tener consecuencias graves para la población civil que no puede salir de sus viviendas, no puede desplazarse por río en una zona principalmente selvática sin otras vías de comunicación debido a las amenazas de los insurgentes.

Este jueves, una niña de 16 meses que estaba enferma murió en una comunidad indígena porque, debido al paro armado, no pudieron sacarla de su territorio para llevarla a un centro de salud, según contó su familia a medios locales. El propio presidente de la República rechazó estos hechos y los calificó de grave violación a los derechos humanos.

“Dolorosa la muerte de la niña indígena Isabella Piraza Pizario en Istmina, Chocó. Su partida es un recordatorio de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país. Este hecho no puede ni debe repetirse. Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso de proteger a los más vulnerables y trabajar incansablemente por la paz en todos los rincones de Colombia. La insensibilidad de las armas lleva a sus protagonistas al crimen de guerra”, afirmó el presidente Gustavo Petro en un mensaje de condolencias a la familia en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

El ELN culpa al Gobierno de la crisis que enfrenta el proceso de paz. “Lo que el ELN necesita saber es si el gobierno va a cumplir lo que firmó, no que hablemos de otras cosas. Pues todo cuanto se hable seguirá en el curso normal de los incumplimientos”, sostuvo el comando central de esa guerrilla en un comunicado del 13 de agosto.

En la misma declaración, el ELN anunció que hará “una extensión técnica del cese hasta el 23 de agosto”, a la espera de que el Gobierno saque a ese grupo de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), tal y como lo han solicitado en las negociaciones iniciadas en un primer ciclo el 12 de noviembre de 2022 en Venezuela.

El 25 de mayo de este año, las delegaciones del Gobierno y del ELN firmaron un primer acuerdo de 9 puntos en donde se comprometen a iniciar el estudio de una agenda que permitiría avanzar en un acuerdo final de paz. Pero el ambicioso compromiso parece estar estancado, especialmente en lo que tiene que ver con cambiar el modelo económico del país, uno de los requisitos del ELN para avanzar en las negociaciones.