Nayib Bukele aseguró en su cadena nacional que se procesará a los comerciantes de verduras si no bajan el precio. Sin embargo, advirtió que no sería por los abusos en los aumentos en sí, sino por otros delitos, para los que ya los tiene “fichados”: evasión fiscal, contrabando y cohecho propio.

“Importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar… recuérdense que tienen otro montón de delitos por allí y sí los podemos perseguir por eso”, dijo el primer mandatario.

Estas declaraciones fueron analizadas por el economista español Juan Ramón Rallo, identificado con la ideología libertaria y la Escuela Austriaca, en su canal de YouTube. Calificó a las mismas como un “comportamiento propio de un estado mafioso y no de un estado de derecho”. Por lo mismo, podrían ser fatales para la inversión extranjera directa en El Salvador, pues aumentan la percepción de inseguridad jurídica, como lo sostienen economistas salvadoreños consultados.

Para Rallo, lo dicho por Bukele es “peligroso”, pues admite que su gobierno tiene como estrategia no perseguir voluntariamente los delitos que ha cometido una persona, para después utilizar esto como amenaza para tener la capacidad política de sancionarlo si no se somete a lo que se le ordena. Recordó que, en un estado de derecho, si una persona comete un ilícito penal, lo establecido es que hay que perseguirla a través de un procedimiento judicial garantista y sancionarla por el ilícito penal que ha cometido.

“Pero Bukele prefiere hacer la vista gorda con los delitos que dice saber que ha cometido el empresariado de la distribución de alimentos en El Salvador… con tal de poder utilizarlos como chantaje en sus negociaciones políticas con ese empresariado”, comenta Rallo.

“Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después, porque todos están fichados y ustedes lo saben”, dijo Bukele al empresariado de la distribución de alimentos.

“¿Cómo que ‘todos están fichados y ustedes lo saben’? Si las autoridades saben que una determinada persona, un determinado empresario, ha cometido un delito, lo que tendrían que hacer, incluso según las reglas de un estado de derecho, es perseguir ipso facto (inmediatamente) ese delito”, dice Rallo.

El mensaje de Bukele de “o hacen lo que les ordeno o los proceso, pero si lo hacen no los proceso”, ilustrado por Rallo, conforma todo un elemento de inseguridad jurídica. El mismo economista concluye que, para el empresariado de la distribución de alimentos, de golpe, ya no hay reglas claras: a ciencia cierta, en ningún lugar está establecido qué precios deben colocar para no enfrentar consecuencias.

“Igual, Bukele aquí ha dicho que los empresarios pueden subir sus precios (solo) un 25% sin que vayan a ser perseguidos… (pero) no existe garantía de que, aún haciendo eso, no vayas a ser perseguido por el Estado salvadoreño con posterioridad”, opina Rallo.

Para la economista Merlin Barrera, especialista en Políticas Públicas y Comercio Internacional, otra cosa sería que el Estado emitiera un decreto en el que se establezcan cuáles son los precios máximos a los que puede vender un comerciante, lo que no es del todo aconsejable, pero constituiría un mínimo de seguridad jurídica.

Pero lo peligroso para la economía salvadoreña es que, según explica Barrera, el mercado es ampliamente influenciable por las percepciones. El mensaje dado al empresariado de la distribución de los alimentos agropecuarios no solo impactará en este grupo en específico.

“El sector agropecuario es de los menores receptores de Inversión Extranjera Directa (IED). Pero el mensaje (de Bukele) es para todo el sector productivo, donde sí llega la IED. El problema es que cuando hay medidas discrecionales, en la práctica, en lugar de fortalecer el funcionamiento del mercado, la situación se vuelve más distorsionada”, comenta Otto Rodríguiez, quien fue vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR) en los primeros meses del anterior quinquenio de Nayib Bukele.

“Si yo soy un inversionista extranjero, por supuesto que me importan factores como la infraestructura del país o el precio y calidad de los servicios públicos como energía eléctrica, pero es más importante la estabilidad y la seguridad jurídica, la certidumbre de que el día de mañana mi dinero estará seguro. Si no la tengo en un país, simplemente me llevo mi inversión a otro lado donde sí me la ofrezcan”, dice, por su parte, Merlin Barrera.

Que la Inversión Extranjera Directa le tiene pánico a la inseguridad jurídica lo muestran los números. Cuando el 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa destituyó a magistrados y fiscal sin ningún proceso, se desplomó, según los datos publicados en la época: la IED en los dos primeros trimestres de ese año fue de $413.89 millones, un monto saludable. Sin embargo, la tendencia se revirtió en los últimos seis meses de ese año, cuando la IED fue negativa, de -$99.42 millones. Y el primer trimestre de 2022 fue catastrófico, cuando se llegó a -$226.32 millones.

“La seguridad va más allá de la seguridad física. Incluso cuando había una guerra se seguía registrando inversión. Es la seguridad jurídica la que el inversionista valora más. La desconfianza en que no habrá un ente que pueda ser neutral para dirimir conflictos entre empresa y Gobierno espanta cualquier inversión”, dijo el economista Luis Membreño en declaraciones dadas a este periódico en enero de 2024.

El Diario de Hoy se puso en contacto con el Ministerio de Economía para obtener un posicionamiento. No hubo respuesta.

Aún con el maquillaje, el peor en Centroamérica

En marzo de este año, el Banco Central de Reserva (BCR) hizo una increíble operación de ajuste a las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED): la institución modificó al alza los números posteriores a mayo de 2021 y disminuyó los de 2020. El saldo de ese año, el de la pandemia, pasó de $293 millones a solo $24 millones.

“Da la impresión de que estas subidas y bajadas tan fuertes en este indicador no corresponden a una revisión técnica, sino a un ajuste de los números realizado con intenciones políticas”, comentó en su día el economista Rafael Lemus. 

Sin embargo, a pesar de tan enorme operación de maquillaje, El Salvador fue en 2023 el país que menos IED atrajo en toda Centroamérica. Fue el único que se quedó lejos del umbral de los $1000 millones, como puede consultarse en el gráfico que acompaña esta nota.