Una vez más, la crisis migratoria en Panamá ha sido tema de discusión en una reunión entre funcionarios del Gobierno electo y la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope. El ministro designado de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, expresó la preocupación del nuevo Gobierno por la falta de recursos para manejar el elevado flujo de migrantes irregulares que cruzan la frontera con Colombia a través de la selva del Darién.

Según datos del Gobierno saliente, la crisis migratoria ha tenido un alto costo para el país, estimado en alrededor de $70 millones en los últimos años. Ante esta situación, se ha planteado la posibilidad de repatriar de forma masiva a los migrantes que crucen el Darién, en un esfuerzo por reducir el flujo migratorio.

El presidente electo, José Raúl Mulino, ha sugerido la idea de cerrar la frontera para iniciar este proceso de repatriación, con el apoyo de otros países para asumir los costos asociados. Aunque la propuesta ha generado debate, se busca encontrar soluciones que respeten los derechos humanos y defiendan los intereses de Panamá en materia de seguridad y salud.

En medio de una situación donde se estima que hacia finales de 2024 podrían llegar hasta 800 mil viajeros irregulares a Panamá, el Gobierno electo se compromete a trabajar en conjunto con la OIM y otros países para abordar de manera integral esta compleja problemática migratoria.