El gobierno nacional ha anunciado que en los próximos meses se llevará a cabo una auditoría integral de la mina de cobre, con el objetivo de determinar la propiedad del concentrado de cobre extraído y procesado, que será exportado posteriormente. Este proceso ha suscitado un intenso debate entre expertos y líderes de la industria sobre la viabilidad de reabrir la mina, que anteriormente fue operada por Minera Panamá.
Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), expresó su agrado por el interés del gobierno en abordar este tema. “Lo que podemos rescatar de todo es la palabra ‘abrir’, ya que lo primero que debemos buscar es una solución. Por supuesto, es esencial ir arreglando la casa desde adentro”, afirmó Gutiérrez.
Zorel Morales, un destacado experto minero, agregó una perspectiva crítica. “Nadie abre una mina para dejarla abierta. Es contradictorio oponerse a la minería, mientras se disfruta de los beneficios de productos que dependen de ella, como los carros eléctricos”, subrayó.
Samuel Valdez, director de Biodiversity Consultant Group (BCG) y portavoz de más de 2,500 proveedores de Minera Panamá, advirtió que reiniciar operaciones solo para cerrar la mina antes de agotar el mineral sería injustificable. “Esto representa un mal uso de un recurso nacional y podría generar un riesgo ambiental al exponer la roca mineralizada, que puede liberar compuestos tóxicos peligrosos para la salud humana y el ambiente”, señaló Valdez.
Michael Camacho, representante de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (UTRAMIPA), también se mostró a favor de la idea de “abrir para cerrar”. Sin embargo, lamentó que el presidente haya señalado que cualquier acción sobre la mina se posponga hasta el próximo año, enfatizando que los trabajadores y las comunidades cercanas son quienes han sufrido las consecuencias de la incertidumbre.
Los expertos coinciden en que un posible proceso de cierre de la mina podría tardar más de 10 años. Actualmente, se estima que el proyecto cuenta con unas 132,000 toneladas de concentrado de cobre y da trabajo a una extensa red de 2,500 proveedores locales.
Con estos antecedentes, la situación de la mina de cobre se presenta como un desafío tanto para el gobierno como para la industria, en un contexto donde la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental son prioridades cada vez más urgentes.