Al menos 3.319 menores de edad fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 en el marco del régimen de excepción en El Salvador, señala un informe de la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) que cita datos oficiales.
El informe, divulgado este martes, señala que, de esa cifra, 841 permanecían detenidos en enero pasado, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena. Agrega que las cifras fueron compartidas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) “a las autoridades de Estados Unidos”.
“Los menores fueron recluidos en condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a alimentación y atención médica adecuados y contacto familiar”, indica el informe, que según HRW está basado en decenas de entrevistas y revisión de expedientes judiciales, historiales médicos, educativos y penales.
El presidente Nayib Bukele ha rechazado las críticas al régimen de excepción y asegura que la medida ha permitido que el país pase de ser uno de los más violentos del mundo a uno de los más seguros de América.
En 2015, la tasa de homicidios fue de 106,3 por cada 100.000 habitantes, y en 2023 el indicador se redujo a 2,4, según cifras oficiales. Para 2024, Bukele proyecta que baje a 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El Gobierno de Bukele atribuye la reducción de la violencia a su plan de seguridad denominado Control Territorial y al régimen de excepción ―que suspende derechos y garantías constitucionales―, aún vigente desde fines de marzo de 2022, como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 homicidios. En este marco, según el informe, han sido detenidas más de 80.000 personas en total.
Para el informe “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, Human Rights Watch señala que entrevistó a más de 90 personas en El Salvador entre junio de 2023 y julio de 2024 y que visitó comunidades en varios departamentos entre septiembre y diciembre de 2023.
Menores condenados
De acuerdo con HRW, al menos 1.000 menores ya han sido condenados a penas de entre dos y 12 años de cárcel por cargos que señala de estar “definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de ‘agrupaciones ilícitas’, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”.
Las fuerzas de seguridad han sometido a muchos niños y adolescentes a “graves violaciones de derechos humanos durante el arresto, la detención e incluso después de su liberación”, dice el informe.
HRW recomienda al Gobierno establecer un mecanismo que priorice la revisión de los casos de los menores detenidos durante el régimen de excepción para poder liberar a quienes fueron capturados sin pruebas en su contra. También enfatiza que el Gobierno debe poner fin a la tortura, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en detención, entre otras medidas.