Un juez ordenó este miércoles la prisión preventiva de Fabricio Colón Pico, alias “Capitán Pico”, sospechoso de liderar un supuesto plan para matar a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar. La orden se extiende a otras cuatro personas detenidas junto a Colón Pico el lunes en una finca cacaotera de Puerto Quito, en la provincia de Pichincha.

Horas después de esta decisión judicial, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que Colón Pico fue trasladado al Centro de Privación de Libertad No. 3, más conocido como la prisión de máxima seguridad de “La Roca”, en la provincia de Guayas.

“En este centro, a la persona privada de la libertad se le realizará la respectiva valoración médica por intermedio de personal del Ministerio de Salud Pública para garantizar su integridad física”, agregó el SNAI en un comunicado.

En ese mismo penal se encuentran el exvicepresidente Jorge Glas, el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el exasambleísta Pablo Muentes, entre otros procesados por diferentes delitos de corrupción que la Fiscalía investiga.

CNN está intentando ubicar a la defensa de Colón Pico o saber si cuenta con un defensor público.

La Policía de Ecuador y el Ministerio del Interior dieron detalles el lunes de cómo fue recapturado Fabricio Colón Pico, presunto cabecilla de la banda de Los Lobos, que el Gobierno cataloga de terrorista. Colón Pico se encontraba además en la lista de los más buscados por el eje de seguridad de Ecuador.

El comandante de la Policía, César Zapata, junto con el director de investigaciones de la institución, Freddy Sarzosa, indicaron que a través de la línea 131 —número habilitado para denunciar a grupos terroristas— se logró obtener información que ayudó a dar con el paradero de Colón Pico.

Agregaron que durante la operación, la Policía fue recibida con disparos, aunque no se reportaron fallecidos durante la incursión.

Colón Pico se había fugado de la cárcel de Riobamba el pasado 8 de enero, en medio de la tensión carcelaria y de otros hechos de violencia en el país, que llevaron a que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción el 9 de enero por “grave conmoción interna”.

Según la Policía, este hombre enfrenta unos 21 procesos por varios cargos, entre ellos: delincuencia organizada, asociación ilícita, tenencia de armas de fuego no autorizadas, robo calificado, organización o financiamiento para la producción y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, intimidación, tráfico de armas y el más reciente por intimidación en un presunto plan para matar a la fiscal del Estado, Diana Salazar