Hombres vestidos con camisas amarillas en El Salvador se encargan de limpiar playas, reconstruir o pintar hospitales, mantener parques nacionales o construir viviendas de utilidad pública. Pronto serán también los responsables de elaborar uniformes para los estudiantes de escuelas públicas. Todos forman parte del “Programa Cero Ocio” que impulsa el gobierno de Bukele.

“Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos colaboradores de pandillas, están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país. De esta forma podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad”, escribió Nayib Bukele, presidente de El Salvador en un mensaje en X este viernes.

De acuerdo con la Dirección General de Centros Penales, son 21.000 los reos que forman parte de los diferentes talleres para la elaboración de zapatos, mecánica automotriz, granjas o fabricación de mobiliario, entre otros. Estos talleres, según las autoridades, permiten a los presos prepararse para su reinserción a la sociedad, una vez hayan cumplido la pena que les fue impuesta, y apuntan también a la autosostenibilidad de los penales.

Además de los que trabajan en estos talleres, hay otros grupos que están limpiando playas y parques nacionales y haciendo otros trabajos de utilidad pública. La cifra total sobrepasa las 48.000 personas, informó Osiris Luna, director de Centros Penales de El Salvador, durante la cadena nacional de radio y televisión que este viernes encabezó Bukele.

El taller textil, dice el Gobierno de El Salvador, será ampliado y unos 5.400 reos serán los responsables de la elaboración de 1.2 millones de uniformes para los estudiantes de escuelas públicas que serían entregados a inicios del próximo año. Una cantidad similar será entregada a mitad del año que viene, según la proyección gubernamental.

De acuerdo con las autoridades, el trabajo que realizan los reos le permite al Estado un ahorro de poco más de US$ 56 millones. Mientras que el costo anual para mantener el sistema penitenciario es de US$ 150 millones, explicó Luna.

Los reos que integran este programa, según el gobierno de El Salvador, no han cometido delitos graves y colaboraban con las pandillas en tareas secundarias. Quienes integraron estos grupos de forma activa y cometieron delitos graves no pueden formar parte de este programa.

El gobierno sostiene que el control de los centros penales fue clave en la reducción de los niveles de violencia, porque se evitó que desde su interior ordenaran a pandilleros en libertad que cometieran delitos.

El Salvador, según el gobierno, pasó de ser uno de los países más violentos a uno de los más seguros del continente. Sin embargo, organismos de derechos humanos locales e internacionales han advertido que se violan derechos humanos con la implementación de medidas como el régimen de excepción, que tiene más de dos años de vigencia y suspende garantías constitucionales.

El gobierno proyecta cerrar el 2024 con una tasa de 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, “la más baja de todo el hemisferio occidental”, según una publicación de Bukele en X.

De acuerdo con las cifras del gobierno, en 2023 la tasa de homicidios se redujo a 2,4 por cada 100.000 habitantes. En 2022, había sido de 7,8 y en 2021 de 18,1 por cada 100.000 habitantes.