Tras una reunión entre las Promotoras de Casas de Interés Social y el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Rogelio Paredes, se acordó solicitar a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un crédito extraordinario para cancelar la deuda de $140 millones que se tiene con estas empresas.
A pesar de esta decisión, los dueños de constructoras expresaron su insatisfacción con las promesas del ministro. Diosa Cedeño, propietaria de una promotora en Azuero, declaró que acudirán junto con el titular de Vivienda a la Comisión de Presupuesto, “y ahí estaremos todos, porque ellos deben entender lo delicado del asunto”.
La deuda que se tiene con las Promotoras corresponde al Fondo Solidario de Vivienda (FSV), el cual no se ha entregado a los constructores desde 2022, a pesar de que las residencias ya han sido entregadas a al menos 16 mil familias de escasos recursos seleccionadas por las autoridades.
El FSV consiste en un bono de $10,000 que el gobierno entrega como ayuda a familias para que obtengan una vivienda digna. Este dinero se desembolsa a las promotoras que construyen las casas.
